Gracias principalmente a las gestiones e insistencia de las corporaciones de Colegios de médicos se ha logrado que las amenazas y agresiones a médicos y personal sanitario en general se consideren penalmente como atentados a la autoridad y por ello castigadas con mayor severidad. De hecho, ya se han dictado algunas sentencias, una de ellas muy recientemente por amenazas graves en Málaga. Pero es de suponer que únicamente la amenaza de sanción, con ser ejemplarizante, no va acabar con estas penosas situaciones. Existe un problema de fondo y es el aumento del clima de agresividad en la sociedad, que parece haberse agravado durante la pandemia y manifestado en delitos de odio, machistas o violencia urbana. En este fenómeno de las agresiones se adivina, por un lado, una deficiente formación colectiva en inteligencia emocional y por otro, una crisis de valores con proliferación de mensajes insolidarios, que patrocinan el propio criterio o beneficio por encima de todo. De este modo, el estado se contempla por algunos como una fuente de derechos, prerrogativas y subvenciones, pero no de deberes hacia la colectividad. Se puede detectar una progresiva pérdida de la imagen pública de prestigio del médico tras la progresiva funcionarización de la profesión en la sanidad pública, iniciada durante el siglo XX y que presenta al médico como una pieza más del sistema, un conseguidor, que facilita obtener determinados servicios a los que se tiene derecho inalienable y sin considerar el coste, que se confunde con la gratuidad, cualidad que suele afectar a la valoración subjetiva de lo que se recibe. Todos nos hemos encontrado más de una vez con exigencias infundadas de fármacos o procedimientos diagnósticos y terapéuticos extraordinarios o de cierta fama. No ayuda a mejorar esta imagen del médico la dilución de la figura de un facultativo de referencia, dentro de la estrategia habitual de trabajar en equipos multidisciplinarios, problema que está siendo muy seriamente abordado dentro de la organización sanitaria. Como dato curioso y con ser satisfactorio que la legislación actual proteja la integridad física y moral del médico, llama la atención cierta asimetría, por así llamarla, con otras leyes que pretenden preservar especies y entornos en riesgo. Hace algunos años ya fue notorio el caso de un pastor al que se pedía dos años de cárcel por haber arrancado una planta protegida que creyó era manzanilla. Recientemente, unos pescadores fueron sentenciados a quince meses de cárcel y una multa de más de trescientos mil euros por atrapar en sus redes un ejemplar en riesgo de extinción. Sin pretensión de entrar en debate sobre la correcta interpretación y aplicación de estas normas, se podría argumentar que si, como parece, el respeto al médico es un valor al borde de la extinción, quizá debería estar incluido en estas normativas; acaso así se protegería mejor su honor e integridad física.
DR. JUAN JOSÉ BRETON GARCIA
